Buenos Aires impulsa el uso de IA en el sector público: análisis del Decreto 97/26

La incorporación de herramientas de IA en la administración pública es una tendencia global. En distintas jurisdicciones, tanto a nivel nacional como local, los gobiernos buscan aprovechar el potencial de estas tecnologías para mejorar la eficiencia administrativa, optimizar la prestación de servicios y fortalecer la interacción con los ciudadanos, a quiénes deben servir. En ese contexto se inscribe el Decreto N.º 97/26 dictado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante el cual se promueve la incorporación y expansión de soluciones de IA dentro del sector público.

La norma constituye un paso relevante dentro del proceso de transformación digital que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires viene impulsando desde hace varios años. En sus fundamentos, el decreto parte de la premisa de que la IA se ha convertido en una infraestructura tecnológica central para el desarrollo económico y social contemporáneo. Según se destaca en sus considerandos, estas tecnologías permiten procesar grandes volúmenes de datos y generar predicciones, recomendaciones, contenidos o decisiones con distintos niveles de autonomía, lo cual impacta transversalmente en numerosos sectores, incluyendo la industria, los servicios, la educación, la salud, la seguridad y la administración pública.

Desde esta perspectiva, el decreto reconoce que la IA ofrece oportunidades significativas para mejorar la eficiencia administrativa y fortalecer la capacidad de gestión de los gobiernos. Asimismo, señala que su implementación puede contribuir a mejorar la calidad de los servicios públicos, optimizar la asignación de recursos estatales y facilitar la interacción entre el Estado y la ciudadanía. En otras palabras, la IA es concebida no solo como una herramienta tecnológica, sino como un instrumento de política pública capaz de transformar la forma en que el Estado diseña y ejecuta sus funciones.

El decreto también se vincula con un objetivo estratégico más amplio: posicionar a la Ciudad de Buenos Aires como un referente regional en materia de innovación tecnológica y desarrollo de IA. La ciudad cuenta con un ecosistema particularmente favorable para ello, caracterizado por una alta concentración de universidades, centros de investigación, empresas tecnológicas y emprendimientos vinculados a la economía del conocimiento. En ese marco, el gobierno local ha manifestado su intención de consolidar a la ciudad como un polo de desarrollo en IA, capaz de atraer talento, inversiones y nuevas iniciativas empresariales.

Al mismo tiempo, los considerandos del decreto destacan diversas iniciativas que ya se encuentran en funcionamiento dentro de la administración pública porteña. Durante los últimos años, distintas áreas del gobierno han comenzado a incorporar herramientas basadas en IA para mejorar procesos administrativos, optimizar la prestación de servicios y facilitar la relación con los ciudadanos.

Uno de los ejemplos más relevantes se encuentra en el ámbito educativo. La ciudad ha impulsado programas de capacitación docente en herramientas de IA, logrando que docentes obtengan certificaciones internacionales en el uso de estas tecnologías. Asimismo, se ha promovido el acceso a herramientas de IA por parte de estudiantes de nivel primario y secundario, lo cual refleja una estrategia orientada a preparar a las nuevas generaciones para los desafíos de la economía digital.

También se han desarrollado aplicaciones concretas de IA dentro de la gestión educativa. Entre ellas se destacan herramientas diseñadas para asistir a los equipos directivos en la elaboración de grillas horarias escolares, así como sistemas de alerta temprana destinados a identificar riesgos de abandono escolar. Este tipo de soluciones muestra cómo la IA puede utilizarse para mejorar la gestión administrativa y, al mismo tiempo, fortalecer la capacidad de las instituciones educativas para intervenir de manera temprana frente a situaciones problemáticas.

Otro ámbito en el que la IA ha comenzado a desempeñar un papel relevante es el de la atención ciudadana. El gobierno de la ciudad ha incorporado agentes conversacionales basados en IA dentro de su chatbot oficial, con el objetivo de facilitar el acceso a información pública y agilizar la realización de trámites. Estos sistemas permiten responder consultas frecuentes, orientar a los usuarios en distintos procedimientos administrativos y reducir los tiempos de espera en los canales tradicionales de atención.

La utilización de IA también se ha extendido a áreas vinculadas con la seguridad pública y la gestión de emergencias. Un ejemplo mencionado en el decreto es la implementación de sistemas que permiten transcribir y analizar en tiempo real las llamadas realizadas a la línea 911. Mediante el uso de algoritmos capaces de identificar palabras clave y analizar patrones en las comunicaciones, estos sistemas contribuyen a mejorar la capacidad de respuesta de los operadores y a optimizar la gestión de situaciones de emergencia.

La norma busca consolidar, ordenar y expandir un proceso de incorporación de IA que ya se encuentra en marcha dentro del gobierno de la ciudad.

El eje central del decreto consiste en establecer un mandato general para que las distintas áreas y organismos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promuevan activamente la implementación de soluciones de IA tanto en la gestión gubernamental como en la interacción con la ciudadanía. El objetivo declarado es mejorar la eficiencia administrativa, elevar la calidad de los servicios públicos y aumentar la productividad de la administración.

En términos prácticos, la norma identifica ciertos ámbitos en los que la incorporación de IA resulta especialmente prioritaria. Entre ellos se encuentran los procedimientos relacionados con autorizaciones para actividades económicas, la tramitación de permisos y avisos de obra, la gestión y resolución de actas de infracción y, en general, todos aquellos procesos que involucren canales de atención ciudadana. Se trata de áreas caracterizadas por un alto volumen de trámites y por la existencia de procedimientos administrativos repetitivos, lo que las convierte en candidatas naturales para la automatización o asistencia mediante sistemas inteligentes.

El decreto también asigna un rol central a la Secretaría de Innovación y Transformación Digital, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Este organismo será responsable de coordinar la implementación de las soluciones de IA en conjunto con las distintas áreas del gobierno y de dictar las normas complementarias necesarias para la aplicación del decreto. La centralización de estas funciones en una autoridad especializada refleja la intención de dotar a la política de transformación digital de una conducción técnica y estratégica.

No obstante, la incorporación de IA en la gestión pública también plantea importantes desafíos jurídicos e institucionales. Uno de los principales se relaciona con la transparencia de los sistemas algorítmicos utilizados por el Estado. Cuando las decisiones administrativas se apoyan, total o parcialmente, en sistemas automatizados, resulta fundamental garantizar que dichos sistemas sean comprensibles, auditables y sujetos a mecanismos de revisión.

Otro aspecto relevante se vincula con la protección de los datos personales. Las aplicaciones de IA suelen requerir el procesamiento de grandes volúmenes de información, lo que exige asegurar que su utilización sea compatible con las normas vigentes en materia de privacidad y protección de datos. En el ámbito del sector público, este desafío adquiere especial relevancia debido a la cantidad y sensibilidad de la información que el Estado posee sobre los ciudadanos.

Asimismo, el uso de IA en procesos administrativos plantea interrogantes respecto de la responsabilidad por las decisiones adoptadas con asistencia algorítmica. Aun cuando los sistemas automatizados puedan mejorar la eficiencia y reducir errores humanos, resulta necesario preservar mecanismos claros de control y supervisión por parte de funcionarios públicos, así como garantizar la posibilidad de revisión de las decisiones administrativas.

El decreto puede interpretarse como el punto de partida de una etapa más amplia de experimentación y desarrollo institucional en materia de IA aplicada al sector público. Su evolución en los próximos años permitirá observar de qué manera los gobiernos locales pueden integrar estas tecnologías dentro de sus estructuras administrativas, y cuáles son los marcos de gobernanza más adecuados para hacerlo de manera responsable y efectiva.